Desde el martes 21 de febrero ya está en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de denunciantes e informadores sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, más conocida como Directiva Whistleblowing.
La definición de Whistleblower, no es nada más que un anglicismo que, de ser traducido literalmente, puede describirse como una persona que “sopla un silbato”. Es decir, que da la voz de alerta frente a una irregularidad, es decir, es un denunciante.
La Directiva Whistleblower promete cambiar las reglas del juego, por tratarse de una normativa con una naturaleza única y desconocida hasta el momento. Del mismo modo que sucedió con la Ley de Control Horario, la Ley de Igualdad y el Registro Salarial Obligatorio, desde Recursos Humanos. Hay numerosas modificaciones que deben realizarse para garantizar el cumplimiento de la ley.
El objetivo de esta norma es garantizar una protección adecuada para aquellas personas que informan sobre las acciones u omisiones que puedan constituir infracciones según lo establecido por la ley (como infracciones del derecho de la Unión Europea, infracciones penales o administrativas graves o muy graves, entre otras).
Para lograrlo, la Directiva Whistleblower propone generar canales de comunicación específicos, modalidades y metodologías para que empleados y ex empleados del sector privado así como funcionarios y exfuncionarios del sector público y trabajadores, puedan denunciar irregularidades e incumplimientos de diferentes leyes o violaciones a los derechos.
La Ley de Protección del Denunciante protege a aquellas personas que tengan condición de:
De esta manera, se considera válido aplicar cualquier caso de denuncia de infracción laboral ya sea:
De acuerdo con la ley se consideran las infracciones cometidas por personas jurídicas o físicas de leves, graves o muy graves.
Las infracciones muy grave es la adopción de cualquier represalia derivada de la comunicación frente a los informantes. Las infracciones muy graves prescribirán tres años.
Las infracciones graves, estas se dan por ejemplo si no se adoptan las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad de las informaciones. Estas infracciones graves prescribirán dos años.
Las sanciones de naturaleza leve , se ha establecido que prescribirán seis meses y contemplan precisamente aquellas infracciones no especificadas como graves o muy graves.
Si las infracciones están realizadas por personas físicas:
Si estas infracciones son por personas jurídicas:
Naturalmente y, como sucede cada vez que una nueva normativa entra en vigencia, las organizaciones deben realizar una serie de ajustes para acogerse a lo que imponga la ley.
En este caso y, con la información que se tiene hasta el momento, las principales modificaciones surgirán en el ámbito de la protección de datos y la comunicación interna:
Por último, el canal de denuncias también contribuye a la promoción de una cultura ética y transparente en las organizaciones, ya que permite la difusión de información relevante sobre políticas y procedimientos internos, así como la gestión de casos de conducta inapropiada o sospechosa.
